Por Leah Soibel
Es exasperante ver los enrevesados caminos que ha ido tomando la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman en la Justicia argentina, contaminada en muchos de sus requiebros en este asunto por la política del país. Ya van tres años desde que fuera encontrado el cuerpo de Nisman en su departamento, donde murió el 18 de enero de 2015, pero todavía no sabemos qué fue lo que ocurrió. Como se suele decir, cuando la justicia es lenta, no se puede llamar justicia. Es una situación que seguro entristece a sus familiares, pero sobre todo ensombrece la salud democrática del país.
Aunque hay que poner una cierta nota de optimismo en este asunto. La causa, después de varios pasos en falso, recayó en manos de la Justicia Federal desde el mes de septiembre de 2016 y se hizo cargo de la investigación el fiscal federal Eduardo Taiano, quien ha avanzado a lo largo de todo este tiempo en numerosas medidas probatorias, habilitadas por el juez Julián Ercolini. Fue un grave error que la muerte violenta de Nisman cayera en un primer momento en manos de la justicia ordinaria, en un claro intento político de acotar la investigación y concluir que fue un suicidio. Además, es más que apropiado que la causa Nisman se investigue en la Justicia Federal, máxime cuando existen nexos con la causa AMIA que el fiscal investigaba.
Llegado a este punto, es importante recordar al lector que la muerte de Nisman es un episodio más del terrible atentado que lleva convulsionando a la sociedad argentina desde hace casi 24 años. Estamos hablando del ataque a la AMIA (la mutual israelita argentina) de 1994, que acabó con la vida de 85 personas. Nisman se hizo cargo de investigar, como fiscal, este atentado en exclusiva desde el año 2006. Terminó apuntando a los iraníes como responsables de la masacre terrorista y denunció al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque concluyó que la firma de un memorándum de entendimiento con Irán pretendía en realidad encubrir sus responsabilidades. Justo cuando estaba listo para presentar esta denuncia y las conclusiones de sus investigaciones en el Congreso, Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero.
“Se ha demostrado suficientemente, y con el grado de probabilidad que habilita el Código Procesal Penal de la Nación, que la muerte del fiscal Nisman no obedeció a un suicidio y que habría sido producida por terceras personas y en forma dolosa”. Estas son las palabras textuales del juez Ercolini en su fallo emitido a finales de 2017. Un paso al frente y un cambio notable que empieza a arrojar luz sobre este caso. Y también nombres. El juez señala al exasesor informático del fiscal, Diego Lagomarsino, propietario de la Bersa calibre 22 que dio muerte a Nisman. Es hoy el principal sospechoso material del asesinato y está considerado al menos “partícipe necesario del delito de homicidio”. Hoy sabemos un poco más sobre lo que ocurrió aquel 18 de enero de 2015, pero necesitamos más, la sociedad argentina necesita saber más para cerrar las heridas. ¿Quién ordenó el asesinato? ¿Por qué acallar su voz? ¿Qué interés había en promover la tesis del suicidio?
Como ya nos estamos tristemente acostumbrando a hacer en el aniversario de la muerte de Nisman, esperamos que para cuando llegue el 18 de enero de 2019 y volvamos a recordar el trágico final del fiscal, la Justicia haya sido capaz de resolver quiénes fueron los responsables de su muerte y por qué pusieron final a su vida.
